Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a adquirir el control en alrededor de veinte compañías usando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento comienza a gestarse en 2016, momento en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las JZI irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de dos meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que destaca la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el campo del capital riesgo..